por Fernando Blanco Muiño
Ex Director Nacional de Defensa al Consumidor. Convencional Nacional UCR CABA

Ante una inflación que en los últimos 14 años se ha situado por encima del 10% anual, y con una proyección para este 2021 del 50%, se vuelve imprescindible defender el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones de todos los consumidores de nuestro país.

La inflación, que es la segunda más alta de América Latina después de Venezuela, carcome a las economías familiares y obliga a cambiar hábitos de consumo generando restricciones alimentarias o migración a nuevos productos y nuevos canales de comercialización.

En este contexto, se requieren políticas públicas activas que efectivamente cuiden el bolsillo.

Pero, lamentablemente, el Gobierno nacional insiste con una serie de recetas que ya han demostrado que no sirven ni para bajar la inflación ni para sostener a los consumidores.

En efecto, se avanza en políticas que sólo postergan decisiones, creando un efecto «olla a presión» que en algún momento implicará un fuerte ajuste de las cuentas de la familias. En esa línea, tanto el programa Precios Cuidados, de escasa presencia en góndolas, el programa Precios Máximos, que habiendo congelado precios desde el 6 de marzo del 2020 no ha podido morigerar la inflación que cerró para el período en el 36 % anual, el nuevo Acuerdo de Precios de Carne formulado con el consorcio exportador de carnes, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, de alquileres y desalojos, de cuotas de créditos UVA y de cuotas de medicina prepaga no hacen más que crear una ficción de estabilidad macroeconómica que los consumidores de todo el país no verifican en su cotidianeidad.
Asimismo, muchas políticas tienen efecto sólo en el AMBA perdiendo toda efectividad y presencia en el resto del país, lo cual las convierte en políticas centralistas y de nulos resultados para los consumidores de cada provincia argentina. La mirada federal no existe en la definición de políticas que tiene el Gobierno nacional.

Una mención especial para una nueva herramienta que viene a aportar confusión y distracción de los grandes temas del comercio en nuestro país: la Ley de Góndolas (Ley 27.545). Se ha echado mano a la nueva ley como un instrumento para generar más competencia entre proveedores y mejorar la oferta de productos para los consumidores. Los objetivos son buenos y necesarios. Pero se vuelve a caer en el error de legislar sin antes establecer políticas activas de real competencia. Nuestro país requiere de la urgente implementación de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley Nro. 27.442) que permitirá quebrar los monopolios que condicionan a toda la comercialización en Argentina, que siempre tienden a la cartelización. La competencia crea mercados más justos, con más oferta y con mejores precios para los consumidores. Nada de eso se verifica en nuestro país y tampoco se visualiza vocación de las actuales autoridades por generar esos nuevos marcos legales y administrativos.

Se trata, en definitiva, de asumir la situación actual, entender las herramientas que pueden servir para acompañar a las familias y no llenar de frases y slogan vacíos a la supuesta lucha contra la inflación. Construir una agenda concreta de temas que aborden todas las aristas del comercio desde el productos al consumidor, analizando las cadenas de valor, monitoreando su funcionamiento y proponiendo políticas públicas que sean federales, de impacto real en las familias y que los estados puedan controlar en cuanto a su cumplimiento.

Necesitamos cuidar el bolsillo de los consumidores efectivamente, basta de pretender llenar esos mismos bolsillos de humo.